El Tribunal de Apelaciones ha pausado provisionalmente la ejecución de un fallo judicial que exigía que el Registro Demográfico de Puerto Rico permitiera a las personas no binarias seleccionar una “X” en la sección de sexo en sus certificados de nacimiento. Esta disposición, emitida por una corte de primera instancia, fue frenada tras un recurso legal del Departamento de Salud, manteniendo en pausa el reconocimiento formal del marcador neutral hasta que se finalice el proceso de apelación.
El fallo judicial inicial pretendía asegurar que las personas no binarias pudieran tener documentos de identificación que representaran su identidad de género, alineándose con principios de igualdad y dignidad humana. No obstante, el recurso presentado por el Estado sostiene que el reconocimiento del marcador «X» va más allá de las capacidades administrativas actuales y presenta desafíos técnicos y legales que demandan una mayor discusión legislativa y operativa.
El Departamento de Salud afirma que el sistema vigente del Registro Demográfico está construido para operar bajo una clasificación binaria —hombre o mujer— y que cualquier alteración estructural requeriría cambios complejos tanto en los sistemas informáticos como en los marcos regulatorios. Además, señala que la incorporación de una opción adicional no ha sido contemplada en el marco jurídico actual, lo cual podría causar inconsistencias en otros procedimientos administrativos y legales donde se emplea la información del registro civil.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas por la diversidad de género han manifestado su rechazo a la decisión del tribunal apelativo, calificándola como un retroceso en la lucha por el reconocimiento y la inclusión. Diversos colectivos argumentan que la negativa a permitir la marcación “X” perpetúa una invisibilización sistemática de personas no binarias y limita su acceso igualitario a servicios públicos, educación, salud y procesos legales.
En la demanda que dio origen al caso, la parte demandante alegó que la imposibilidad de reflejar su identidad de género en su certificado de nacimiento constituye una violación a derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la intimidad, a la dignidad y a la no discriminación. La determinación inicial del tribunal de instancia reconoció estos argumentos y ordenó al gobierno implementar las medidas necesarias para habilitar la opción de marcador neutro, considerando que el reconocimiento legal de identidades diversas es parte del respeto a los derechos humanos.
El procedimiento de apelación podría prolongarse por varios meses, mientras se analizan los argumentos de las dos partes. En este tiempo, las personas no binarias que habían pedido la modificación de sus documentos tendrán que aguardar una decisión definitiva que determine si podrán ejercer ese derecho según el marco administrativo del Gobierno.
En distintas regiones de Estados Unidos, el indicador “X” ha sido introducido poco a poco en documentos como certificados de nacimiento, pasaportes y licencias de manejo. No obstante, la velocidad de implementación y los estándares para su uso difieren dependiendo del estado o territorio. El diálogo en Puerto Rico es parte de una conversación más extensa sobre la inclusión legal y el reconocimiento de la diversidad de género en documentos oficiales.
La disputa no solo presenta repercusiones legales, sino también sociales y culturales, al revelar las fricciones entre las organizaciones tradicionales y las transformaciones que demanda una sociedad más diversa. Expertos del ámbito académico y legal han enfatizado que, más allá de ser una cuestión técnica, el diálogo pone de manifiesto la necesidad de reconfigurar políticas públicas que se adapten a las realidades actuales y aseguren la protección efectiva de todas las identidades.
La decisión final del Tribunal de Apelaciones podría sentar un precedente importante sobre cómo el sistema jurídico del país aborda el reconocimiento de personas no binarias y cómo se armonizan los derechos individuales con las estructuras administrativas del Estado. Mientras tanto, el caso continúa despertando un amplio interés público y posicionándose como un tema central en la agenda de derechos civiles en la isla.
